Para ello existen una serie de acciones y mecanismos que garantizan el funcionamiento de la circulación sea de vehículos, peatones o pasajeros, para darle el uso correcto a la vía pública y así evitar accidentes de tránsito, sin embargo, las estadísticas delatan una realidad muy diferente a este concepto.
Las cifras reveladas por diversas fuentes a nivel mundial sobre el problema de la seguridad vial y sus consecuencias han cobrado importancia en los últimos años.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el número de muertos por accidentes de tránsito a nivel mundial es de 1.2 millones de personas cada año. En América Latina dichos siniestros dejan 130 mil fallecidos y alrededor de 6 millones de heridos anualmente.
Aterrizando las cifras a nuestro país, en el caso de Quito, actualmente considerado el cantón con más siniestralidad a nivel nacional, según datos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), hasta diciembre del 2021 se reportaron 3.033 siniestros de tránsito, cifra que superó a la del 2020, resultando heridas más de 1600 personas y más de 200 perdieron la vida, sin contar con los accidentes ocurridos desde inicios del 2022. Ante estas graves cifras que anualmente presentan las autoridades,
¿Cuáles son las acciones para reducir la siniestralidad en las vías?
En países desarrollados como Australia, Nueva Zelanda, Japón y Reino Unido existen sistemas de inspección y auditorías de seguridad vial que han servido como modelo para otros países como Estados Unidos, en donde replicaron estos mecanismos en algunos Estados en donde la siniestralidad vial era relevante, consiguiendo resultados positivos en la reducción de accidentes de tránsito.
Las auditorías e inspecciones de seguridad vial son intervenciones de bajo costo que tienen efectos positivos comprobados. Las auditorías se llevan a cabo en el período de planificación y construcción de la vía, por otro lado, las inspecciones son revisiones periódicas sistemáticas que se llevan a cabo una vez que la vía está terminada y en uso. Ambas tienen como objetivo implementar medidas correctivas para mejorar la seguridad de las vías.
¿Pero qué sucede con este mecanismo en países de Latinoamérica como Ecuador?
Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo BID que analiza los aspectos técnicos e institucionales sobre las auditorías e inspecciones en 8 países de América Latina incluido el nuestro, concluye que pese a que han existido los esfuerzos para implementar políticas de prevención de accidentes de tránsito, las inspecciones y auditorías han sido esporádicas y no forman parte de planes institucionalizados de seguridad vial, adicional a las limitaciones que estos países tienen con respecto al conocimiento técnico sobre dichas inspecciones y tampoco existen datos integrales sobre la implementación de las mismas. Es decir, aún nos falta mucho por aprender y por hacer.
Los esfuerzos que hacen las autoridades en países como el nuestro, amparadas en leyes y reglamentos no logran la eficiencia adecuada, sumado a que aún existe poca conciencia social sobre la responsabilidad del buen uso de la vía pública que cada individuo debe ejercer.
Todo empieza por el respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Basta con fijarse en la principal causa de accidentes de tránsito en el Ecuador, como es el exceso de velocidad, que sin duda tiene que ver con la falta de responsabilidad de los conductores al irrespetar los límites impuestos por la autoridad y señalados en cada una de las rutas por las que transitamos.
Existen algunas medidas para reducir accidentes de tránsito que están en la agenda de las autoridades capitalinas, como, por ejemplo, la implementación de más foto-radares para este año, los mismos que se sumarán a los 16 que actualmente existen y que serán reubicados en los sitios con mayor riesgo de accidentes tránsito.
Además de otras acciones que están dentro del Plan Nacional de Seguridad Vial impulsado por Gobierno Central como son: El fortalecimiento de la gestión institucional, infraestructura segura, vehículos seguros, comportamiento humano y una eficiente atención a las víctimas.
Sin duda el esfuerzo gubernamental en este tema es fundamental, de la mano con el apoyo de la ciudadanía en lo que se refiere al cumplimiento de las leyes y normas de tránsito, lo cual es primordial para poder modificar esta realidad que cobra cada vez más vidas humanas en nuestro país.
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